La Fiscalía ve indicios de delito en un negocio abortista

La Fiscalía de Cádiz ha denunciado ante el Juzgado que un abortista vulnera la normativa vigente al firmar el dictamen previo un especialista que no ha intervenido en el examen y valoración de la paciente. El fiscal considera que hay indicios de que eso supone un delito de falsedad en documento público. La denuncia de la Fiscalía salpica a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía al señalar que ha detectado una “inactividad grave” por parte de ese organismo ante las irregularidades en la clínica halladas por un inspector médico. Salud estaría en este caso “rozando la prevaricación omisiva”, indica el fiscal.
El asunto ya está en manos de un Juzgado de la capital gaditana que en breve comenzará a tomar declaraciones para tratar de esclarecer si, tal como sospecha la Fiscalía, hay motivos para sentar a algún responsable en el banquillo. Eso es algo que decidirá el juez tras la investigación solicitada por el fiscal.
La denuncia de la Fiscalía se apoya fundamentalmente en un informe realizado por un inspector médico que detectó varias irregularidades en el modo en que la clínica denunciada realiza la eliminación de bebés solicitadas por las madres de éstos.
Una de las clientes de la clínica presentó el año pasado una reclamación contra ese centro médico y la Delegación Provincial de Salud se la remitió a la Inspección de Servicios Sanitarios. Tras las oportunas actuaciones, un inspector elaboró un informe que describía una serie de anomalías detectadas en la clínica y las posibles infracciones cometidas por el centro médico en cuestión.
La Delegación de Salud pidió después al inspector que profundizase en la investigación sobre la posibilidad de mala praxis o incumplimiento de los derechos del paciente que pudieran haberse producido en el caso de la paciente que presentó la reclamación. Entonces, el inspector comunicó de nuevo con la clínica y le requirió al gerente documentación que no había sido aportada anteriormente.
La clínica se financia con el dinero de todos los andaluces, puesto que tiene suscrito con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) un concierto para la gestión del Servicio de Interrupción Voluntaria del Embarazo de menos de doce semanas y que no implique alto riesgo. El inspector visitó la clínica en julio del año pasado y después realizó un nuevo informe.
En octubre de 2009, el inspector decidió acudir a la Fiscalía de Cádiz porque consideró que el expediente administrativo incoado en virtud de la queja efectuada por la paciente que presentó la reclamación se encontraba paralizado y que la Delegación de Salud no le había dado el cauce administrativo solicitado.
Esto es, el inspector estimó que, tal como apunta la Fiscalía en su denuncia, había una inactividad grave por parte de la Delegación de Salud. A su juicio, la Administración sanitaria no había dado los pasos que debía tras conocer su segundo informe y la conclusiones detalladas en él.
El informe concluye, entre otras cuestiones, que hay un incumplimiento de la clínica inspeccionada del concierto suscrito con el SAS para practicar abortos. Que ha habido una ampliación en la oferta asistencial y también bajas y nuevas incorporaciones de personal sanitario que presta servicios en la clínica sin que hayan sido comunicadas reglamentariamente ni aprobadas por la autoridad sanitaria competente. También que hay indicios racionales de incumplimiento de la ley de incompatibilidades por parte de un médico.
El inspector agrega en las conclusiones de su informe que hubo obstrucción a la función inspectora por parte de los responsables de la clínica: resistencia a suministrar documentación médica y negativa absoluta a facilitar los datos personales de pacientes. El inspector anota en este apartado de las conclusiones que pudo observar catorce historias clínicas de las que no posee constancia documental.
El informe del inspector explica también que encontró indicios racionales de irregularidades e incumplimiento de la normativa vigente en lo referente al profesional sanitario que debe emitir el dictamen preceptivo previo a la realización del aborto y el diagnóstico que debe figurar en ese documento. Hay motivos para afirmar, señala el inspector, que es cumplimentado por una médico general cuya titulación no la habilita para hacerlo porque carece de cualificación como especialista. Hay también indicios de falsedad en documento público, agrega el inspector, por parte de un médico que firma todos los dictámenes pese a no existir constancia de que haya realizado personalmente la oportuna revisión médica a las pacientes. El inspector propuso en su informe la resolución del concierto con la clínica.

"La 'ley de plazos' del aborto es contraria a la doctrina del TC"

Entrevista publicada en el diario La Gaceta a don José Luis Requero, vocal del Consejo General del Poder Judicial, que por su interés reproducimos en nuestro blog:

El Gobierno ha arrancado el curso con el propósito firme de modificar la legislación española sobre el aborto. Ahora es un delito, despenalizado en tres supuestos (Real Decreto 2409/1986 ): violación, graves defectos físicos del feto y peligro grave para salud física y psíquica de la madre. Los dos primeros se pueden alegar dentro de las 12 y 22 primeras semanas, respectivamente, mientras que el último no tiene límite. De ahí que este tercer supuesto se haya convertido en el coladero al que se han agarrado numerosas clínicas privadas, como las del doctor Morín, donde se realizaban abortos sin ni siquiera examinar a las embarazadas. Frente a los que exigen al Gobierno que haga cumplir la ley, el Grupo Parlamentario Socialista por un lado, y el propio Ministerio de Igualdad, ven una solución en el aborto libre y han iniciado los trabajos de reflexión y debate para llevar al Parlamento una “ley de plazos”. En varios países europeos se establece la semana doce para acabar con el feto sin dar explicaciones a nadie. Pero José Luis Requero, magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), expresa su convencimiento de que una “ley de plazos” chocaría con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la materia.

¿Por qué tiene difícil encaje en la Constitución esta pretendida Ley de Plazos?

Una primera aproximación de la doctrina del Tribunal Constitucional admitió la ley vigente sobre la base de que era posible el sacrificio por el conflicto de intereses entre la madre y el nasciturus, por tanto aunque no lo considera persona, sí lo considera un bien jurídico a proteger, por ello el sacrificio era asumible por el choque de intereses, por el bien superior que se protegía, discutible o no. Con la “ley de plazos” se deja de preguntar, no se puede ponderar ningún interés, durante esos plazos sería libre abortar, de manera que sería contrario a la doctrina del TC.

Eso partiendo de una situación en la que ya es prácticamente libre.

Efectivamente, pero caben dos escenarios; habrá que esperar a ver si se va al aborto libre hasta determinadas semanas, o si a partir de ese plazo se establecen otros supuestos —como los que hay ahora— en los que también se permite, de manera que, si en la actualidad ya es libre, entonces el aborto quedaría liberalizado al 100% en España.

¿Y la causa de este movimiento del Gobierno?

La causa es la investigación que se ha realizado en meses pasados sobre clínicas abortistas, de manera que el Gobierno atiende a la industria abortista en España; no tiene cuenta la vida del nasciturus, sólo proteger el negocio abortista con garantía.

Pero afirma que, en todo caso, la ley chocaría contra el TC.

Bueno, aunque de manera clara se produciría un choque contra la doctrina del TC, la fe que tengo en el Constitucional es bastante limitada, que diría, conociéndolo, que la sociedad ha cambiado, que está justificada una convergencia con otros países europeos, que la sociedad del año 2008 no es la de hace 22 años...

De manera que la Constitución es lo que menos pinta en el debate.

Se va a reformar para amparar a las clínicas abortistas. Cuando el Gobierno les fue a visitar, lo que le pedían era seguridad contra los jueces, que admitían demasiadas querellas contra abortos realizados fuera de los supuestos legales.

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Leire Pajín quiere acelerar el aborto libre

La secretaria de organización del PSOE abrirá de forma inmediata un debate parlamentario para "cambiar la legislación española sobre la interrupción del embarazo, que en su opinión, responde a una demanda social". Indicó que la actual Ley "tiene demasiados años", lo que a su juicio ha provocado que España esté en "hay una situación que hay que corregir". Pero no es las cien mil muertes anuales de inocentes lo que se trata de corregir, sino el enriquecimiento sin trabas de los negocios que causan estas muertes.

De este modo, el PSOE promoverá una norma "que se adapte a la realidad actual" y recordó que el XXXVII congreso de esta formación política aprobó una resolución para cambiar la legislación española sobre la interrupción del embarazo.
"Lo vamos a hacer con los mejores expertos para conseguir la mejor ley, aquella que nos resuelva un problema que existe en nuestra sociedad", dijo Pajín.

Estos espertos los contituyen las representantes de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (forma eufemística de referirse al hecho de quitar la vida a niños no nacidos), ACAI, con las que se ha reunido la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y a las que les pide que, en 15 días, le den su opinión sobre el borrador del Real Decreto que está llevando adelante el Gobierno para "preservar la confidencialidad de los datos de las mujeres que abortan".

En esta reunión, los representantes de las también llamadas "checas de nascituri" han expuesto a la ministra "la situación actual" del aborto en España, las desigualdades por comunidades autónomas que se dan en el acceso a este servicio y su propuesta para modificar la Ley del Aborto convirtiéndola en una "norma de plazos" y no de supuestos.
Los representantes de estos negocios pedirán que se cambien las normas que las mujeres deben cumplir en muchas comunidades para pagar su aborto y que, dicen, "es la vía por la que en la mayoría de ocasiones, se viola su intimidad". Nada han dicho, sin embargo, sobre la inviolabilidad de la vida humana desde el momento de la concepción.

Continuando con su aterradora exposición, Leire Pajín advirtió sobre el"espeluznante aumento de embarazos no deseados entre las adolescentes", aunque no dijo nada sobre su relación directamente proporcional al aumento de campañas de "educación sexual", enfocadas únicamente a fomentar la irresponsabilidad de los jóvenes en materia sexual y su promiscuidad. Seguramente matando a los frutos de esos embarazos pretenda la secretaria de organización del partido del gobierno hacer que su número disminuya.