La Fiscalía ve indicios de delito en un negocio abortista

La Fiscalía de Cádiz ha denunciado ante el Juzgado que un abortista vulnera la normativa vigente al firmar el dictamen previo un especialista que no ha intervenido en el examen y valoración de la paciente. El fiscal considera que hay indicios de que eso supone un delito de falsedad en documento público. La denuncia de la Fiscalía salpica a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía al señalar que ha detectado una “inactividad grave” por parte de ese organismo ante las irregularidades en la clínica halladas por un inspector médico. Salud estaría en este caso “rozando la prevaricación omisiva”, indica el fiscal.
El asunto ya está en manos de un Juzgado de la capital gaditana que en breve comenzará a tomar declaraciones para tratar de esclarecer si, tal como sospecha la Fiscalía, hay motivos para sentar a algún responsable en el banquillo. Eso es algo que decidirá el juez tras la investigación solicitada por el fiscal.
La denuncia de la Fiscalía se apoya fundamentalmente en un informe realizado por un inspector médico que detectó varias irregularidades en el modo en que la clínica denunciada realiza la eliminación de bebés solicitadas por las madres de éstos.
Una de las clientes de la clínica presentó el año pasado una reclamación contra ese centro médico y la Delegación Provincial de Salud se la remitió a la Inspección de Servicios Sanitarios. Tras las oportunas actuaciones, un inspector elaboró un informe que describía una serie de anomalías detectadas en la clínica y las posibles infracciones cometidas por el centro médico en cuestión.
La Delegación de Salud pidió después al inspector que profundizase en la investigación sobre la posibilidad de mala praxis o incumplimiento de los derechos del paciente que pudieran haberse producido en el caso de la paciente que presentó la reclamación. Entonces, el inspector comunicó de nuevo con la clínica y le requirió al gerente documentación que no había sido aportada anteriormente.
La clínica se financia con el dinero de todos los andaluces, puesto que tiene suscrito con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) un concierto para la gestión del Servicio de Interrupción Voluntaria del Embarazo de menos de doce semanas y que no implique alto riesgo. El inspector visitó la clínica en julio del año pasado y después realizó un nuevo informe.
En octubre de 2009, el inspector decidió acudir a la Fiscalía de Cádiz porque consideró que el expediente administrativo incoado en virtud de la queja efectuada por la paciente que presentó la reclamación se encontraba paralizado y que la Delegación de Salud no le había dado el cauce administrativo solicitado.
Esto es, el inspector estimó que, tal como apunta la Fiscalía en su denuncia, había una inactividad grave por parte de la Delegación de Salud. A su juicio, la Administración sanitaria no había dado los pasos que debía tras conocer su segundo informe y la conclusiones detalladas en él.
El informe concluye, entre otras cuestiones, que hay un incumplimiento de la clínica inspeccionada del concierto suscrito con el SAS para practicar abortos. Que ha habido una ampliación en la oferta asistencial y también bajas y nuevas incorporaciones de personal sanitario que presta servicios en la clínica sin que hayan sido comunicadas reglamentariamente ni aprobadas por la autoridad sanitaria competente. También que hay indicios racionales de incumplimiento de la ley de incompatibilidades por parte de un médico.
El inspector agrega en las conclusiones de su informe que hubo obstrucción a la función inspectora por parte de los responsables de la clínica: resistencia a suministrar documentación médica y negativa absoluta a facilitar los datos personales de pacientes. El inspector anota en este apartado de las conclusiones que pudo observar catorce historias clínicas de las que no posee constancia documental.
El informe del inspector explica también que encontró indicios racionales de irregularidades e incumplimiento de la normativa vigente en lo referente al profesional sanitario que debe emitir el dictamen preceptivo previo a la realización del aborto y el diagnóstico que debe figurar en ese documento. Hay motivos para afirmar, señala el inspector, que es cumplimentado por una médico general cuya titulación no la habilita para hacerlo porque carece de cualificación como especialista. Hay también indicios de falsedad en documento público, agrega el inspector, por parte de un médico que firma todos los dictámenes pese a no existir constancia de que haya realizado personalmente la oportuna revisión médica a las pacientes. El inspector propuso en su informe la resolución del concierto con la clínica.

Nuevas maniobras judiciales en defensa del aborto ilegal.

Mientras que en Madrid se impide que el partido social cristiano Alternativa Española se persone como acusación popular en el juicio por abortos ilegales contra el negocio abortista Isadora, con la excusa de "preservar la identidad de las mujeres que abortaron", con lo cual, de no formular acusación la fiscalía no existirá juicio, y no se sentará a los abortistas en el banquillo de los acusados; en Barcelona la Audiencia Provincial ha ordenado revelar las identidades de las mujeres que fueron imputadas por haberse sometido a abortos ilegales en las clínicas del doctor Carlos Morín. Sin embargo, esto puede motivar que las mujeres que tengan que revelar su identidad se nieguen a declarar alegando que quieren salvaguardar su intimidad. Las identidades se remitirán a todas las partes personadas por la causa para garantizar el derecho a la defensa. Los magistrados de la Sección Novena entienden la problemática que genera el delito del aborto, pero dicen que mantener secreta la identidad de las pacientes vulnera el derecho a defensa. La Audiencia estima así el recurso presentado por una de las defensas de los imputados, que solicitaba conocer, como parte del proceso, las identidades de las mujeres. Carlos Morín llegó a estar en la cárcel gracias a la persistencia de Alternativa Española, que fue quien denunció al ginecólogo y destapó toda su red delictiva de abortos.

Sin embargo, esto tiene truco y no es positivo, según manifiestan miembros de asociaciones pro- vida ya que, al revelarse las identidades de las mujeres que han abortado, éstas van a alegar que se niegan a declarar para que su nombre no sea conocido por la opinión pública. Las clínicas abortivas, y la prensa progre, incluido el diario liberal El Mundo, ponen el grito en el cielo cuando salen estas informaciones y hablan de cercenar la libertad de sus clientes al sacar sus identidades pero, por otro lado, son los imputados por abortos ilegales los que exigen conocer la identidad de las mujeres. Si eso se produce, y sus identidades se hacen públicas, no van a declarar contra ellas. Alternativa Española sabe de esta jugada y ve como las clínicas abortivas mientras critican estas noticias por un lado, por el otro se muestran encantadas de que se produzcan para evitar que declaren contra ellas.

El mensaje que se manda desde el PSOE, sin embargo, es 3l que desde el gobierno se va a intentar interferir con esa decisión, y alterar en la medida de lo posible el proceso judicial. No es desde luego la primera ocasión en la que nuestro gobierno presiona para alterar una decisión judicial. Para De la Vega, la decisión la Audiencia de Barcelona es “inaudita, inaceptable y vulneradora de los derechos fundamentales de las mujeres” porque “desprecia su identidad y la confidencialidad de los datos”. “No nos vamos a resignar ante decisiones de esta naturaleza, sencillamente no lo vamos a tolerar”, ha apostillado la vicepresidenta, apasionada defensora de la tolerancia, quien ha subrayado que el Gobierno no se va a quedar quieto en esta situación.

Desde la oposición, que suponemos que será del Partido Popular, no se conoce otra reacción que el más absoluto y vergonzante silencio.

Jueces y fiscales a la defensa de los abortistas y contra los querellados

Según informa el diario partidario del aborto "El Mundo" el juez José Sierra, titular de Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, ha decidido rectificar y, al menos, dejar en suspenso la personación del partido católico Alternativa Española (AES) en la causa abierta contra la clínica Isadora, investigada por prácticas ilegales de abortos. El pasado 3 de junio el mismo juez aceptó en un primer momento la citada personación del grupo político y su acceso a un sumario donde, entre otros datos, aparecían las identidades de mujeres que abortaron.

Desde ese momento la prensa progre lanzó una compaña contra AES, a la que se une ahora el diario liberal, en la que pretendían que la intención del partido católico era la de hacerse con esas identidades, y no perseguir y meter en prisión a quienes cometen delitos.

Recordemos que Alternariva Española ya presentó una querella contra el abortista Morín en Barcelona que consiguió el cierre de sus negocios abortistas, le metió en la cárcel, y destapó el escándalo de las prácticas criminales en éstos centros. Y que ni uno sólo de los nombres de las mujeres que fueron víctimas de los abortos del criminal Morín ha sido filtrado.

Paralelamente, el Ministerio Fiscal también ha presentado un recurso de reforma contra la polémica admisión de la querella. Según el escrito de la Fiscalía, “existen motivos para inadmitir la querella”. El fiscal cita los precedentes de personados inadmitidos –los del Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro y el Partido Social Europeo- y señala que hay “datos eminentemente personales” que hacen que estas identidades “deban ser objeto de una especial protección”.Llama la atención que el ministerio fiscal, que se ha caracterizado por su inoperancia a la hora de perseguir los delitos de aborto, quiera impedir a los ciudadanos y organizaciones querellarse contra los criminales. De hecho, es posible que la fiscalía no presente acusación y que no se llegue a juicio.

Desde Manifiesto por la Vida aplaudimos la determinación de Alternativa Española, les deseamos el mayor de los éxitos en su lucha contra el aborto tanto en el campo político como en el judicial y mostramos desde aquí todo nuestro apoyo.

La Guardia Civil encuentra ADN humano en los desagües de una clínica abortista

El departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha redactado un informe en el que afirma haber detectado “ADN nuclear humano” en los “hisopos aplicados por los desagües de la Clínica Ginemedex” de Barcelona.
Este descubrimiento revela no sólo que restos de niños abortados se tiraban sin ningún tipo de control por los desagües de la clínica, sino de la existencia de ADN humano, lo que sería una nueva muestra de que un aborto consiste en matar una vida humana.
Todo lo relacionado con estas pruebas está ligado a las declaraciones de un testigo protegido que puso al descubierto la existencia, entre otras irregularidades, de un triturador industrial así como de un desagüe por donde se tiraban los restos de los niños abortados.
El director de la clínica Ginemedex es el polémico doctor peruano Carlos Morín, que sigue estando imputado a la espera de que se fije la fecha definitiva del juicio. Recientemente, la Audiencia Provincial de Barcelona le concedió la libertad después de que Morín recurriese el auto de prisión provisional dictado por la titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona.Recordemos que la juez imputa a Morín, y a otras dos personas, los delitos de aborto ilegal, de asociación ilícita, intrusismo y falsedad documental. El juicio contra Morín que le llevó a la cárcel se inició a raiz de la querella presentada contra el por parte del partido político social cristiano Alternativa Española.
Gracias a los medios del Grupo Intereconomía, que denunciaron un año antes que la televisión danesa estas prácticas a finales de 2006, Morín decidió no realizar más abortos fuera del plazo permitido por la ley en sus clínicas porque, según explicó el mismo testigo protegido, la información que trascendió a la opinión pública en octubre de ese año provocó miedo entre el personal de la clínica.
http://www.lanacion.es/2008/07/03/la-guardia-civil-encuentra-adn-humano-en-los-desagues-de-una-clinica-abortista/